jueves, 21 de marzo de 2013

El caso Daniel Solano

Natalia Morales y Joaquín Ramírez

Daniel es un joven trabajador rural que desapareció en noviembre de 2011 en Choele Choel, Río Negro. Él estaba organizando una huelga en Expofrut, la empresa que lo empleaba junto a muchos obreros más en condiciones de esclavitud. Justo un día antes de la huelga fue desaparecido. Esa noche se lo vio subiendo a golpes a una camioneta policial, a la salida del boliche Macuba, donde los dueños del lugar y la misma policía le hicieron una “cama”. Ese es el último rastro. Hasta el momento hay 33 policías procesados, 7 con prisión preventiva. La empresa, impune. Se encontraron evidencias que luego fueron desaparecidas por las fuerzas represivas. La jueza que estaba a cargo, Marisa Bosco, fue separada del caso por encubrimiento. Luego se supo que tenía acumuladas 98 denuncias de trabajadores por apremios policiales, incluyendo torturas y hasta uso de picanas eléctricas. El caso Solano es la punta del ovillo del gran entramado de la red de explotación agraria. Daniel era un trabajador golondrina de Tartagal, Salta. Allí lo reclutó (por un pago que resultó ser un engaño) una empresa contratista que hoy sigue funcionando pero con distinto nombre: Trabajo Argentino. Daniel terminó junto a otros compañeros en pequeñas casillas, hacinados y cobrando una miseria.

Esto pasa en la Argentina de los “derechos humanos”. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se entrevistó con el gobernador K Weretilneck y celebró el cambio de jefe de la policía como un avance en la democratización de la fuerza, intentando diferenciarse del anterior gobernador Soria.

Pero en Choele Choel nada cambió. Pablo, el tío de Daniel, los testigos y los activistas del pueblo que se solidarizan con el caso son acosados todo el tiempo por la policía. En febrero el documentalista Pablo Politis fue golpeado por policías y bandas armadas que le impidieron filmar las precarias condiciones en las que se trabaja en Expofrut. Fue salvado por los mismos obreros antes de ser subido a una camioneta. La policía cambió de nombre, pero es la misma. Antes a la empresa la custodiaba el grupo BORA (Brigada de Operaciones de Rescate) y hoy lo hace el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate). Lo cierto es que en Río Negro se mantiene la esclavitud de los trabajadores del campo, el acoso policial y la prepotencia patronal. Si hay policías procesados y detenidos es por el accionar de la Comisión de Solidaridad y Apoyo a Daniel Solano, que salieron a la calle, marcharon e hicieron festivales para denunciar a la empresa, a la contratista, a la policía y al poder judicial.

Así viven miles de trabajadores golondrinas en “provincias ricas” como Río Negro, Mendoza o Córdoba. El gobierno nacional cambió al RENATRE, órgano de control manejado por el “Momo” Venegas de la UATRE, por el RENATEA, un organismo propio presidido por Guillermo Martini, el mismo que como Subsecretario de Agricultura Familiar mantuvo a más de 1.500 trabajadores en negro en su repartición. El RENATEA cada tanto hace una inspección a alguna finca, anunciándola con bombos y platillos por Página/12 o 678, pero no hace nada por los miles de superexplotados y víctimas de trata con fines laborales. En diez años de gestión K los obreros siguen viviendo y muriendo en estas condiciones.


A 37 años del golpe que instaló la sangrienta dictadura el nombre de Daniel Solano resuena entre los desaparecidos en “democracia”. ¡Juicio y castigo a todos los responsables!